Iniciativa de Reforma a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo

El pasado 28 de abril del año en curso, el presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, envió al Senado de la República una iniciativa para enmendar varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Constitución”) que reformarían la Ley Federal del Trabajo (en adelante LFT). 

De ser avalada, las reformas laborales más importantes de esta iniciativa serían las siguientes:

  1. Los litigios en materia laboral serán tramitados ante juzgados laborales locales o federales, en lugar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son órganos de carácter administrativo.
  2. Se propone establecer una etapa de conciliación obligatoria que deberá ocurrir previo a presentar el litigio ante los Juzgados Laborales. Un nuevo organismo, designado como Centros de Conciliación, estará a cargo de los procedimientos de conciliación y será una entidad administrada por el Poder Ejecutivo del Gobierno, ya sea Local o Federal según sea el caso.
  3. Sobre los temas de libertad de asociación y contratación colectiva, la iniciativa propone varias reglas para evitar la presentación de Contratos Colectivos de Trabajo que sean desconocidos para los empleados. Dentro de las nuevas reglas propuestas, los patrones deberán presentar la nómina completa de sus empleados y comprobar que todos los empleados sindicalizados están conscientes sobre la existencia del Contrato Colectivo de Trabajo.
  4. Nuevas reglas serán aplicables para el caso de procedimientos de titularidad de Contratos Colectivos de Trabajo, respecto de la prueba del recuento para determinar qué sindicato deberá ostentar  la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo.

Vale la pena mencionar que las reformas anteriormente mencionadas están incluidas en una iniciativa presentada por el Presidente de la República, pero necesita seguirse un proceso legislativo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Dado que la mayoría de las incitativas propuestas implicarían una reforma a la Constitución, se requerirá la aprobación de la mayoría de las Legislaturas Estatales.

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